Cada vez que compramos en línea, agendamos una hora médica, utilizamos una aplicación móvil o compartimos información en redes sociales, dejamos una huella digital compuesta por nuestros datos personales. Esa información tiene un enorme valor para las organizaciones, pero también representa un riesgo cuando es utilizada sin control o con fines distintos a los autorizados.

Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.719, el próximo 1 de diciembre de 2026, Chile da un paso decisivo hacia un modelo moderno de protección de datos personales, alineándose con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

Uno de los conceptos fundamentales de esta normativa es el tratamiento de datos personales, entendido como cualquier acción realizada sobre información que identifica o puede identificar a una persona. Solicitar un RUT, almacenar una ficha médica, consultar una base de datos, enviar un correo electrónico o eliminar un registro son ejemplos de tratamiento de datos. En otras palabras, si una organización hace algo con la información de una persona, está realizando un tratamiento y debe hacerlo conforme a la ley.

La nueva legislación incorpora principios que orientan todo tratamiento de datos, entre ellos la licitud, la finalidad, la proporcionalidad, la calidad de los datos, la responsabilidad, la seguridad, la transparencia y la confidencialidad. Estos principios no solo buscan proteger la privacidad de las personas, sino también promover una gestión responsable de la información dentro de las organizaciones.

Otro cambio significativo es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones. A diferencia del régimen anterior, que dependía principalmente de acciones judiciales iniciadas por los afectados, la nueva normativa establece un sistema administrativo de supervisión, con infracciones clasificadas como leves, graves y gravísimas, y multas que pueden alcanzar hasta 20.000 UTM.

La protección de datos también adquiere una nueva dimensión frente al avance de la Inteligencia Artificial. Aunque la Ley 21.719 no regula la propiedad intelectual de las obras generadas por IA ni el funcionamiento de los algoritmos, sí establece reglas sobre el uso de los datos personales que alimentan estos sistemas. Una organización que utilice inteligencia artificial sigue siendo responsable de garantizar que los datos se obtengan y utilicen de manera lícita, transparente y segura.

Finalmente, la ley se complementa con la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley N.º 21.663). Mientras una se enfoca en proteger los derechos de las personas sobre sus datos, la otra busca fortalecer la resiliencia y seguridad de los sistemas que procesan esa información. Juntas conforman un nuevo marco de gobernanza digital que exige a las organizaciones adoptar buenas prácticas, implementar controles de seguridad y asumir una responsabilidad activa en la protección de la información.

La transformación digital ha convertido a los datos personales en uno de los activos más valiosos de nuestra sociedad. La Ley 21.719 no pretende impedir su uso, sino asegurar que cada tratamiento respete los derechos de las personas y contribuya a construir un entorno digital más seguro, transparente y confiable para todos.